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El caso había sido archivado en 2009, pero fue reabierto en junio de 2013 gracias a la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano. Sin embargo, durante las últimas diligencias el fiscal Marco Guzmán Baca concluyó que en el plan de esterilizaciones forzadas hubo violaciones a los derechos humanos, pero no delitos de lesa humanidad dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
Como consecuencia, la fiscalía decidió proseguir únicamente con una denuncia que está dirigida al personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, que falleció durante uno de estos procedimientos en 1998. Sin embrago, las investigaciones y acusaciones ya no comprenden a los encargados del programa de gobierno.
Es por esto de la organización internacional ha organizado una recolección de firmas electrónicas, que acompañadas por una carta, piden que el presidente Ollanta Humala garantice justicia para las víctimas. Haz clic acá para unirte al pedido.
