25 de septiembre de 2018
Redacción Publimetro |

La Oroya: protesta de mineros dejó un muerto y una veintena de heridos

Un muerto y una veintena de heridos dejó el martes el enfrentamiento entre policías y trabajadores mineros de Doe Run Perú alzados en huelga indefinida, en un nuevo hecho que complica a esta importante actividad productiva del país.

(Video: YouTube)

AFP. Con bloqueos de carreteras, centenares de operarios iniciaron en la ciudad minera de La Oroya (178 km al noreste de Lima, a 3.725 metros de altitud), una manifestación para pedir al gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.

“Hay una persona muerta y 22 heridos, entre ellos cuatro personas graves (…) Según los médicos, la víctima fue llevada al hospital, procedente de los enfrentamientos entre policías y trabajadores”, dijo a la radio RPP el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo.

“Aparentemente murió por herida de bala en el pecho”, informó a Canal N Martín Ordóñez, gerente de Salud de la región de Junín, donde se encuentra La Oroya.

Como consecuencia de las protestas, centenares de autobuses y vehículos de carga pesada se encuentran varados en la carretera Central, vía que conecta a Lima la región central y amazónica de Perú.

El alcalde Arredondo apeló al ministro del Interior para que colabore en el cese de la violencia y al presidente peruano, Ollanta Humala, para que instale en el plazo más breve una mesa de diálogo.

La minería es una actividad clave en el desarrollo de la economía de Perú, que es el segundo mayor productor mundial de cobre y el quinto de oro.

Ambiente vs. inversión

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que funciona de forma independiente de la estadounidense Doe Run Resources Corporation, opera en La Oroya (Junín), en los andes centrales, un complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha generado serios problemas de contaminación ambiental a la ciudad y sus habitantes.

La compañía, productora de cobre, plomo, zinc y otros metales, paralizó su actividad en junio de 2009 por incumplir un proceso de reestructuración y un programa de adecuación y manejo ambiental. La empresa tuvo problemas por deudas después de que un grupo de bancos cortara sus líneas de crédito, tras una crisis financiera que puso a la compañía al borde de la quiebra.

En julio de 2012, un sector del complejo metalúrgico reinició sus operaciones y actualmente, Doe Run Perú avanza en un proceso de venta internacional de activos.

Para ser reflotada la compañía necesita de esa venta, lo cual permitiría pagar sus deudas, resolver los pasivos ambientales y garantizar los empleos. Pero los trabajadores consideran que ello será muy difícil debido a las exigencias de protección ambiental que las autoridades peruanas le exigen.

De no concretarse la operación, la compañía podría ser liquidada, advierten los trabajadores.

“Este enfrentamiento no puede darse. Nos han obligado a llegar a esto. La empresa dentro de dos semanas puede irse a una liquidación simple y 3.260 trabajadores del complejo minero La Oroya y de Cobriza (otra de sus operaciones) pueden irse a la calle con su carta de despido”, dijo a Canal N Luis Castillo, representante de los trabajadores.

“No estamos en contra de cuidar el medioambiente, al contrario. Les pedimos que nos permitan una adecuación gradual. Nosotros seremos los primeros fiscalizadores”, agregó.

La ciudad de La Oroya, de 30.000 habitantes, vive de la minería desde hace más de 100 años, y es considerada una de las urbes más contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal.

Pasivos ambientales

El gobierno del presidente Ollanta Humala, que inició en julio su último año de gestión, ha estado marcado por conflictos relacionados con el medio ambiente y la minería.

En mayo, cuatro personas murieron en el marco de protestas de pobladores contra el proyecto cuprífero Tía María, de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper.

“No se trata sólo de dar más permisos (a las mineras). Se trata de generar confianza(…) Que el estado genere confianza”, comentó recientemente a la prensa extranjera Roque Benavides, presidente Ejecutivo de Buenaventura, la mayor minera peruana.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de junio existían 210 conflictos sociales abiertos en el país, de los cuales más del 60% de ellos tienen que ver con la protección del medio ambiente en el marco de actividades mineras.

Tags

Notas Relacionadas

Ir a portada