23 de septiembre de 2018
Redacción Publimetro |

Más del 90% de alcaldes en el Perú son investigados por corrupción

Más del 50% de los investigados por presuntos actos de corrupción postulan a la reelección, informó el procurador anticorrupción, Christian Salas.

Más del 90% de alcaldes en el Perú son investigados por corrupción (Foto: USI)

Un informe de la Procuraduría Anticorrupción reveló que de los 1,841 alcaldes a nivel nacional, 1,699 (92%) están siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 exalcaldes provinciales y 1,326 exalcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, detalla el documento.

De acuerdo al informe la región Áncash concentra la mayor cantidad de funcionarios investigados, con 46 alcaldes provinciales y 146 distritales. Le sigue La Libertad, con 42 provinciales y 80 distritales.

En tercer lugar se figura Cusco, con 41 burgomaestres provinciales y 96 distritales. Más abajo está Puno, con 37 provinciales y 51 distritales; y Junín, con 34 provinciales y 116 distritales.

El titular de la institución, Christian Salas, explicó que la mayoría de delitos se cometen por la facilidad que tienen los funcionarios para disponer de los bienes del Estado.

Salas asegura que su institución busca que se impongan sanciones para los burgomaestres que hayan incurrido en delito, pero lamentó que más del 50% de los que están investigados postulan a la reelección.

Sostuvo que “mientras no haya un control debido, estas irregularidades continuarán” por la facilidad que tienen los funcionarios para disponer de los bienes del Estado.

“Hay una tentación directa. Un alcalde no puede agarrar dinero del Estado para su campaña electoral o de una obra de alcantarillado para construir una canchita de fútbol”, afirmó en declaraciones a Perú 21.

El funcionario también alertó que el Estado sufre “incalculables” pérdidas económicas a causa de la muy recurrente asignación de obras millonarias a empresas que han sido elegidas por pagar un ‘diezmo’ o porque cuentan con testaferros.

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