25 de mayo de 2019
Redacción Publimetro |

Autorizan contratar estudio de abogados para extraditar a Alejandro Toledo

Se trata del Estudio Foley Hoag LLP, con sede en los Estados Unidos, según precisó una resolución suprema publicada hoy.

Autorizan contratar estudio de abogados para extraditar a Alejandro Toledo Sobre Alejandro Toledo pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno peruano autorizó la contratación de un estudio de abogados para coadyuvar a la defensa del Estado en el proceso de extradición contra el ex presidente Alejandro Toledo en Estados Unidos.

Se trata del Estudio Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos, según precisó una resolución suprema publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Fue el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado el que se se pronunció favorablemente respecto al pedido formulado por el procurador Ad Hoc para el caso Odebrecht y otras, Jorge Ramírez.

De esta manera, el estudio de abogado Foley Hoag LLP se encargará de cautelar los intereses del Estado peruano en los procesos de extradición seguidos en Estados Unidos contra Toledo Manrique, sino también contra Mariella Huerta Minaya y Gustavo Salazar Delgado.

Al exlíder de Perú Posible se le investiga por presunto lavado de activos por las compras millonarias de inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con dinero que presuntamente provendría de actos de corrupción de su gobierno (2001-2006).

A Alejandro Toledo también se le investiga por haber recibido, presuntamente, una coima de 20 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht para otorgarle la construcción de la carretera Interoceánica.

El exmandatario tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho, además de una orden de captura a nivel nacional e internacional emitida por la Interpol, aunque esta medida no abarca territorio estadounidense.

Cabe indicar que la resolución suprema está firmada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

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