La violencia contra la mujer es un tema que preocupa al Estado y la sociedad, sin embargo, son las mujeres con discapacidad las que enfrentan una violencia recurrente en sus hogares o entornos, a lo que se suma una continua discriminación cuando buscan acceder a diferentes servicios y oportunidades.
Rosa María Juárez, mujer con discapacidad visual y madre de dos niñas ha luchado contra muchas situaciones para poder salir adelante. Hace algunos años se separó del padre de sus hijas debido al continuo maltrato psicológico al que era sometida. “Me decía que no servía y que cómo lo iba a dejar si nadie más me iba a hacer caso. Un día me armé de valor y decidí romper con este círculo”.
De enero a setiembre de este año, los Centro de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 1997 casos de violencia contra las personas con discapacidad a nivel nacional. Del total estos casos, el 71,.6% corresponde a mujeres (1.4160 casos), siendo la violencia psicológica (42,5%) la que encabeza la lista de agresiones, seguido por la violencia física (37,5%), violencia sexual (18,1) y la violencia económica patrimonial (1,9%).
“Cuando vamos a las entrevistas y ven que tenemos discapacidad, inmediatamente nos rechazan, no nos dan la oportunidad de demostrar que somos capaces de realizar un buen trabajo”, asegura Olga Saavedra, mujer con discapacidad física que ha sufrido de discriminación al acceder a una oportunidad laboral.
Para Elizabeth Caballero, coordinadora del proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú” se vienen dando cambios lentos en nuestro país en materia de género y discapacidad ya que aún existen barreras como la actitud de los servidores públicos que no implementan los diversos mecanismos de protección y protocolos y en muchos casos cuando una mujer con discapacidad denuncia no se cuentan con especialistas y al final desisten del proceso. Esta situación se agrava aún más en las mujeres con discapacidad de las zonas rurales, en extrema pobreza y que tienen más de una discapacidad.
En otros casos, se les excluye también cuando buscan acceder al sistema educativo y a los servicios de salud puesto que los mismos profesionales de este sector les cuestionan el deseo de ser madres o de tener una vida sexual activa.
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