La justicia estadounidense considera constitucionales las ejecuciones por inyección letal.
Según dictaminó este lunes la Corte Suprema este sistema no viola la octava enmienda que prohíbe castigos crueles.
La decisión tiene lugar después de la polémica generada tras la muerte en 2014 de dos reos en Oklahoma por una inyección de midazolam que les hizo agonizar por más de 40 minutos, cuando en teoría la inyección letal debería causar la muerte en no más de diez.
Sin embargo, la justicia consideró que los demandantes no pudieron demostrar que el midazolam conlleva un riesgo sustancial de “dolor severo”.
Esto supone un duro golpe para los detractores de la pena capital en Estados Unidos, el único país occidental que todavía aplica la pena de muerte.
Desde 2008, fabricantes europeos se niegan a suministrar al país las drogas empleadas en la inyección letal, lo que llevó a las autoridades de estados como Oklahoma a buscar alternativas como el midazolam.
