Bogotá. Álvaro Uribe, el expresidente y político más popular de este siglo en Colombia, será interrogado este martes por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por manipulación de testigos.
Será la primera vez que un expresidente colombiano responda en indagatoria ante la Corte Suprema.
Pero más allá de ese carácter inusual, el peso político y popularidad del también senador Uribe hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, deberá acudir a partir de las 08:00 horas al tribunal que juzga a los aforados.
De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel.
“A mí me hicieron 21.000 interceptaciones telefónicas, a las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley”, sostiene Uribe en su defensa.
Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a los países latinoamericanos: la de líderes populares investigados o enjuiciados después de dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos, dado el protagonismo que mantienen en la vida pública.
Ello ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.
— Giro paradójico —
Los seguidores de Uribe convocaron para el martes a nuevas marchas de apoyo tras las que realizaron el domingo en varias ciudades, algunas de las cuales terminaron a golpes con opositores.
Por su parte, los jueces que escucharán al exgobernante deberán determinar si lo inculpan o lo liberan de sospecha.
En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso. Cualquier decisión podría tardar días en conocerse.
“Es un momento difícil”, comenta Jairo Libreros, de la Universidad Externado.
Según el analista, “el nivel de polarización del país ha llevado a que muchos colombianos tomen posturas de apoyo o de rechazo al senador única y exclusivamente atendiendo cuestiones emocionales o de identidad ideológica, y dejan en segundo lugar el tema jurídico”.
Opositor del proceso de paz con los antiguos rebeldes de las FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y hoy es protagonista de la campaña para los comicios de alcaldes y gobernadores al lado de sus candidatos.
El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
Uribe sostiene que Cepeda [uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso] contactó a paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.
Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales, aunque ninguna había avanzado como la que lo relaciona con manipulación de testigos.
Ahora serán unos jueces distintos de los que lo señalaron los que escucharán sus descargos debido a la renovación del tribunal.
Fuente: AFP
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