Hoy se conocerán los avances de la renegociación con las concesionarias Rutas de Lima y Línea Amarilla, cuyas garitas suman 18 en la capital, y las medidas que se podrán tomar. El 20 de mayo con 19 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la propuesta del alcalde Jorge Muñoz de activar este proceso de evaluación conjunta de los contratos.
El acuerdo aprobado exhortó que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) active el Proceso de Evaluación Conjunta, respecto a los contratos de concesión” de ambos proyectos, firmados en 2009 y 2013 con OAS y Odebrecht, durante la gestión de los ex alcaldes Luis Castañeda (2009) y Susana Villarán (2013). Ambas empresas están vinculadas al caso Lava Jato.
Durante este proceso de evaluación se contó además con la presencia de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante la gestión de Castañeda Lossio (2009), la Municipalidad de Lima firmó contrato con OAS para la concesión de Línea Amarilla por 30 años. En tanto, durante la gestión de Villarán de la Puente se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.
En 2012, la ex burgomaestre Susana Villarán firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un segundo peaje de Chillón, el mismo que fue anulado tras las protestas de los vecinos en el 2017.
Vale precisar que la propuesta de renegociación se tomó tras las investigaciones contra la ex alcaldesa Susana Villarán por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas.
A fines del año pasado, la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) hizo efectivo el aumento de la tarifa del peaje vehicular de S/ 5.30 a S/ 5.70. Unos meses después, la empresa Rutas de Lima informó que los peajes que administra también elevarían el costo de la tarifa de S/5 a S/5.50. Entonces, la comuna metropolitana presentó medidas cautelares para frenar el alza.
No se descarta terminación anticipada o nulidad con Lamsac
El 18 de julio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no descartó la terminación anticipada o la nulidad del contrato con la empresa Línea Amarilla (Lamsac), ante la posibilidad de que la renegociación de las tarifas de peajes no tenga buen resultado.
“Tienes dos posibilidades, si no hay una renegociación satisfactoria. O plantear una terminación anticipada por decisión de la municipalidad o plantear una nulidad, en cuyo caso lo que se tendría que es ir a un tribunal con esta alternativa. Ya en su momento serán informados”, indicó.
Días previos, el burgomaestre indicó que la concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) todavía no acepta el pedido realizado por la Municipalidad de Lima para que se cobren montos menores a los registrados actualmente en las casetas del peaje. Por ejemplo, los autos particulares pagan ahora S/ 5.70.
“Con un poco de pena, debo decir que con Línea Amarilla las negociaciones no están yendo por un buen camino. Les hemos explicado ayer que, si esta situación no se recompone, vamos a tener que tomar alguna alternativa mucho más drástica”, apuntó.
En una entrevista para El Comercio, la autoridad consideró que la tarifa justa del peaje es de S/ 4,40. “No nos podemos pasar negociando toda la vida […] Hemos mencionado que el miércoles 24 vamos a anunciar cuál es la decisión del municipio”, señaló.
En el caso de Rutas de Lima, Muñoz Wells refirió que las negociaciones están más avanzadas y que se han dado de manera concreta. También detalló que otro de los puntos acordados es la reducción de la tarifa de peaje. Estos temas serán enviados al MEF para que se apruebe una adenda.
Protestas
Durante el plazo de la renegociación, vecinos de Puente Piedra salieron a marchas en contra del cobro de los peajes y exigir la anulación de los contratos con los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac).
El 1 de julio, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, entregó al Congreso de la República un proyecto de ley para suspender el cobro de peajes que estén vinculados a delitos de corrupción.
Según Espinoza, con la propuesta esperan dar una pronta solución al cobro de peajes que atenta contra la economía de más de 370 mil vecinos del distrito.