El abogado Eduardo Roy Gates, representante legal de la constructora Hidalgo e Hidalgo, vinculada como una de las integrantes del Club de la Construcción, afirmó que en el interrogatorio de este miércoles, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, indicó que “no participó” de ninguna reunión de esta presunta agrupación.
“[Jorge] Barata no ha dado detalles porque no ha visto de manera directa acuerdos entre integrantes del club […] El señor Barata ha mencionado que él no ha participado de ninguna reunión ni coordinación de un supuesto Club de la Construcción, eso de manera general”, aseguró ante la prensa desde Brasil.
Además, Roy Gates señaló que durante la diligencia, Jorge Barata precisó que “no le consta” que existan actos de corrupción en este caso.
“Se le ha hecho la pregunta a Jorge Barata sobre si le consta algún supuesto hecho de corrupción, de pago por alguna obra y específicamente su respuesta ha sido muy concreta, que a él no le consta absolutamente nada, entonces todo lo demás es una simple conjetura”, refirió el abogado.
En ese sentido, precisó que la fiscalía debe acreditar la existencia de hechos concretos en la investigación; sin embargo, Barata habló “de manera general”.
“El señor Barata ha hablado de manera general de la existencia de un supuesto Club de la Construcción […] Un testigo es testigo en la medida en la que pueda afirmar hechos que ha percibido, que le constan, y en este caso él ha mencionado claramente, de manera irrefutable, que no le consta ningún hecho de corrupción”, manifestó Roy Gates.
Finalmente, el abogado indicó que estas declaraciones “no aportan ninguna prueba de cargo” a la investigación que se sigue contra la constructora Hidalgo e Hidalgo.
Como se recuerda, las empresas Cosapi, Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A, JOHE S.A., Constructora OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Mota Engil Perú, son investigadas por presuntamente pertenecer al denominado Club de la Construcción.
Según las indagaciones fiscales, entre los años 2011 y 2014 representantes de estas empresas habrían concertado precios para poder distribuirse obras del Estado, todo a través de una presunta coordinación de Rodolfo Prialé con el entonces asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar.