El Comité de la ONU contra la **Tortura **expresó este viernes su preocupación por la alta incidencia de la violencia de género en Perú, así como por el aumento del feminicidio, la violencia doméstica y la violencia sexual, a pesar de haberse tomado medidas legislativas y de otro tipo para prevenir y sancionar estos casos.
Esta situación fue expuesta en las observaciones finales del Comité tras examinar el informe presentado por las autoridades peruanas sobre el cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura, un escrutinio al que se someten cada cierto tiempo todos los Estados parte de este instrumento legal internacional.
La violencia de género afecta en **Perú **tanto a mujeres como a niñas, según reconoció la propia delegación peruana que presentó el informe nacional.
En sus observaciones finales, el Comité alude a datos oficiales recibidos durante el examen y que indican que entre enero de 2017 y septiembre de 2018 se enjuiciaron 755 casos de feminicidio, 33,064 relativos a lesiones, 8,157 por violación y 4,069 por actos contra el honor y la dignidad de la mujer.
En este contexto, el órgano de la **ONU **pidió al Estado peruano que todos los casos de violencia de género (en especial aquellos en los que haya habido acciones u omisiones que podrían dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado conforme a la Convención) sean investigados exhaustivamente.
Asimismo, reclama el enjuiciamiento de los presuntos autores y que, de ser condenados, las sanciones sean adecuadas y que las víctimas obtengan reparación, incluida una indemnización justa.
**Violaciones de derechos humanos **Por otra parte, el Comité se refirió a los “limitados avances” en los últimos años en la investigación y enjuiciamiento de graves violaciones de derechos humanos (en particular actos de tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas) durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
Lamentó que las autoridades sólo hayan proporcionado a ese respecto información estadística del periodo 2012-2015.
Sobre el Plan Integral de Reparaciones para víctimas de violencia en las décadas de los ochenta y noventa, el Comité no quedó satisfecho con las explicaciones de la delegación y afirmó que mantiene su preocupación por “la exclusión de la condición de víctimas y beneficiarios de los programas de reparación a los miembros de organizaciones terroristas y personas procesadas por delitos de terrorismo o apología de terrorismo, hasta la definición de su situación jurídica”.
Ello a pesar de que, reconoció, ellos tienen la posibilidad de acudir a la vía judicial a fin de recibir una reparación por los actos de tortura que hayan podido sufrir.
Fuente: EFE
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