El expresidente Alan García informó este miércoles que entregó al fiscal José Domingo Pérez su pasaporte y anunció que retomará su vida laboral y su trabajo político en el Partido Aprista Peruano.
En su primera declaración luego de que el Gobierno de Uruguay le negara el pedido de asilo diplomático, el expresidente dijo confiar en las declaraciones del fiscal superior Rafael Vela, jefe del Equipo Especial del Ministerio Público, quien aseguró que en este caso, una detención preliminar aún no estaba justificada.
Señaló que al estar seguro que el lunes 19 de noviembre se solicitaría una detención preliminar en su contra decidió pedir asilo en la embajada de Uruguay. “El resultado ustedes lo conocen. Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República y el presidente del Poder Judicial de que hay independencia de poderes y no hay persecución política”, mencionó.
García sostuvo que ahora cree “importante confiar” en las afirmaciones del presidente de Perú, Martín Vizcarra, y de las autoridades judiciales, de que “hay independencia de poderes y no persecución política” en su país.
Agregó que, por ese motivo, ha decidido entregar sus documentos a Pérez y dijo que seguirá “asistiendo a todas las convocatorias” que le haga la Justicia.
Reiteró, por otra parte, que hace dos semanas y media ingresó en la residencia del embajador uruguayo en Lima porque “se le informó que se pediría una detención preliminar” en su contra.
Consideró que esa presunta orden de detención, que el Ministerio Público ha negado que se pensara solicitar, “era abusiva e ilegal”.
Indicó que tras la decisión de Uruguay de negarle el asilo ha resuelto responder ante la Justicia, aunque dijo que lamenta que “últimamente se sumen denuncias a veces sin sospecha alguna”.
García sostuvo que si estas investigaciones se extienden a las “miles de obras” que hizo durante su segundo Gobierno (2006-2011) saldrá “a defender” cada una de ellas.
“Confío en lo que se ha dicho, sino que el tema del asilo si bien no tuvo éxito por las presiones políticas existentes, ha servido para que la comunidad internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté siguiendo muy de cerca” este caso, acotó.
Alan García es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Asimismo, Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una conferencia que dio en 2012 en Sao Paulo, supuestamente desde la cuenta oculta con la que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica.
Esto llevó a que un juez peruano le prohibiese abandonar el país por 18 meses para asegurar su presencia en las distintas diligencias de la investigación, dado que reside en Madrid desde 2016.
Con información de EFE
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