Mark Vito Villanella, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió una carta a la Defensoría del Pueblo para denunciar las “graves afectaciones al debido proceso” y “flagrante vulneración al derecho a la libertad” de su esposa.
En la misiva, dirigida a Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, pidió que su institución “supervise el cumplimiento de los deberes de la administración estatal”.
Vito Villanella calificó de “injusta y desproporcional” que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Richard Concepción Carhuancho, haya ordenado la prisión preventiva de Keiko Fujimori.
Indicó que se cumplió con fundamentar por escrito la apelación el pasado 6 de noviembre, dentro del plazo de ley, pero precisa que hasta el momento el juez Richard Concepción no ha elevado el incidente a la Sala Penal Nacional.
“Por ello, señor Defensor, recurro a la institución a su cargo a fin de que en el marco de sus atribuciones, tal como dispone el artículo 9.1. de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, realice la investigación correspondiente sobre los hechos que se narran en salvaguarda del derecho a la libertad de mi esposa, en tanto se están afectando gravemente sus derechos fundamentales, al mantenerse privada de su libertad sin que se le permita que su situación procesal sea revisada en segunda instancia”, señaló.
Como se recuerda, el pasado 31 de octubre el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, tras aceptar la tesis fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó US$ 1 millón entregados por Odebrecht en el 2011.
El juez indicó que existe un alto grado de probabilidad de que se habría cometido el presunto delito de lavado de activo dispuesto por Fujimori Higuchi, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento, y tenencia del dinero ilícito.
Además, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro a una pena entre 10 años, como mínimo, y 13 años de prisión, como máximo.
A eso se suma, dijo el juez, el poder que tendría sobre entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry.
Tras el fallo, Keiko Fujimori fue recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.
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