Velásquez Quesquén cuestionó que Congreso vaya a elegir al Jefe de la ONPE

El legislador de la Cédula Parlamentaria Aprista argumentó que la independencia del jefe de la institución quedaría en riesgo.

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén cuestionó que en el predictamen de la comisión sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se proponga que el jefe de la ONPE sea elegido por el Congreso a recomendación del Ejecutivo.

“Yo creo que la ONPE debe ser un árbitro, así que hay que buscar un mecanismo que no sea el Poder Ejecutivo. […] En la práctica, un gobierno que tenga mayoría parlamentaria va a poner su jefe de ONPE y su jefe de RENIEC”, explicó en entrevista con RPP.

La vigente norma establece que el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de nombrar y ratificar a los jefes de ONPE y la RENIEC, además de jueces y fiscales; pero en el predictamen para su reforma se propone suprimir esta competencia y otorgarla al Congreso.

“Lo que ha buscado la constitución del 79’ es que el jefe de la ONPE y el de la RENIEC sean personas con un alto nivel técnico, con absoluta imparcialidad, y que esta ONPE de ahora no va a garantizar las elecciones como sí ha sucedido en los últimos 15 años”, sostuvo el parlamentario.

Velásquez Quesquén saludó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por declarar al Parlamento en sesión permanente para debatir la reforma del sistema de justicia, en respuesta a la celeridad que exige el presidente Martín Vizcarra.

“Me parece una reacción positiva que el presidente del Congreso haya tomado la declaración del presidente —que va cambiando a una confrontación irreversible e innecesaria— convocando al Congreso para el día de mañana a una sesión permanente para ver el tema de la reforma de la administración de justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura”, expresó.

El predictamen para la reforma del CNM propone que la institución sea conformada por un siete miembros titulares y tres suplentes.

Sus miembros serán presididos por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, así como dos rectores de universidad pública y privada.

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