Transparencia exige a Pedro Chávarry que dé un paso al costado

También pide al Congreso que tramite con celeridad la nueva acusación presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez.

La Asociación Civil Transparencia se pronunció esta mañana a través de un comunicado para exigir, entre otros puntos, que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, renuncie a su cargo para que pueda ser investigado, luego que haya sido incluido en las últimas investigaciones como parte de la banda “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En uno de los puntos de su comunicado, Transparencia pide a Pedro Chávarry que “dé un paso al costado de inmediato mientras se investiga y esclarece su participación en la organización criminal a la que se refiere el informe de la fiscal Sandra Castro y se garantice la autonomía e independencia del Ministerio Público en las investigaciones de todas las personas involucradas”.

El informe al cual se refiere es el que fue enviado al fiscal supremo Pablo Sánchez a mediados de agosto y que sirvió como insumo para que se formalice una denuncia constitucional ante el Congreso, en la cual se considera al suspendido juez supremo César Hinostroza como cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Cabe indicar que Transparencia también solicitó al Congreso de la República que tramite con rapidez las acusaciones que tienen en su fuero contra altos funcionarios, incluyendo esta nueva denuncia contra César Hinostroza.

“Urgir al Congreso que acelere su consideración y pronunciamiento sobre las acusaciones constitucionales que incluyen jueces, fiscales y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), respaldando a ese efecto la acusación constitucional presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez”, manifestó el Consejo Directivo de Transparencia.

También solicitó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que convoque, cuanto antes, al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y que la Corte Suprema del Poder Judicial haga funcionar a la brevedad el nuevo Comité de Ética.

Por último, exhortan a los gremios, universidades, instituciones y sociedad civil en general que se mantengan alerta frente a cualquier acción que pueda afectar al estado de derecho y los principios democráticos.

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