Fuente: Mongabay Latam / Autor: YVETTE SIERRA PRAEL
En el último Gore Ejecutivo (encuentro que reúne a ministros y gobernadores regionales del Perú) Loreto puso nuevamente sobre la mesa, entre otros temas, el proyecto de la ‘Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas’. Con esta obra, se busca que el sistema eléctrico aislado de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, sea integrado al Sistema Interconectado Nacional (SEIN), pues hasta ahora no forma parte de este.
El problema con esta obra que recorrería casi 630 kilómetros de la Amazonia peruana, es que a lo largo de su trayectoria atravesaría el Abanico del Pastaza, un complejo de humedales de 3 millones 800 mil hectáreas de extensión reconocido desde el año 2002 como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia mundial porque concentra una gran biodiversidad.
También hay cuestionamientos de expertos a los costos del proyecto, a la situación actual de la empresa ganadora de la concesión, así como a la omisión de una consulta previa a las comunidades indígenas cercanas a la ruta por donde pasaría la línea de transmisión, entre otras muchas observaciones que se han hecho desde que el proyecto fue anunciado.
La ruta que atraviesa los humedales
El 6 de octubre de 2014, el gobierno de Ollanta Humala Tasso firmó el contrato de concesión de esta obra con Líneas de Transmisión Peruanas S.A.C. -consorcio formado por la firma española Isolux Corsan y su filial Isolux de México S.A-, la cual se encargaría del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Dos años después, en el 2016, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa fue desaprobado. Efectivamente, el 10 de noviembre de 2016, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) desaprobó definitivamente mediante una resolución el EIA realizado por la empresa. Para los expertos del Minem, básicamente, Isolux no logró subsanar de manera satisfactoria las más de 60 observaciones que se hicieron al primer estudio presentado meses antes.
No obstante, el proyecto para la construcción de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos tiene ahora una nueva oportunidad. El 3 de octubre de este año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) emitió una resolución que le otorga la Categoría III a esta propuesta de inversión, es decir, que lo que corresponde ahora es realizar un Estudio de Impacto Ambiental Detallado puesto que se trata de un proyecto cuyas característica pueden producir impactos ambientales negativos y significativos, según el Manual de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente. ‘El siguiente paso es que el titular (la empresa) comunique al Senace el inicio de la elaboración del estudio ambiental’, indicó el organismo ambiental a Mongabay Latam, a través de un correo electrónico.
Gabriel Quijandría, director regional de Andes Amazonía Norte en Conservación Estratégica, no comprende ‘por qué se busca revivir un proyecto que ha sido rechazado dos veces por la autoridad competente por los problemas con su EIA. Es como hierba mala. Nunca muere. Más aún, cuando es un proyecto impulsado por una empresa quebrada’, dijo.
EL ex viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente señaló que una obra de este tipo se debe hacer de manera planificada, especialmente en una región con las condiciones de fragilidad y con la importancia de diversidad biológica que tiene Loreto. ‘El trazado es el peor posible en términos de impacto ambiental. En términos económicos también. Instalar la línea de transmisión precisamente por el Abanico del Pastaza, que es una zona de humedal, va a encarecer enormemente los costos de instalación y de operación de esta línea de transmisión’.
Quijandría cuestionó también que se lleven a cabo varios proyectos energéticos que cubren la misma necesidad, porque ‘está la línea de transmisión, pero al mismo tiempo se construye una central térmica en Iquitos y además existe el proyecto de la Central Hidroeléctrica del Mazan que llegaría hasta la frontera con Ecuador y que produciría 10 veces más la capacidad de consumo que tiene en este momento Iquitos’, explicó.
Se debe hacer un trabajo de planificación (dijo el experto) y no simplemente desempolvar proyectos antiguos que tienen 30, 40 ó 50 años de haber sido concebidos. ‘Como ahora el dinero es abundante se está buscando cómo financiar estos proyectos que tienen que ser mirados en una nueva perspectiva porque fueron diseñados cuando la conservación ambiental era nula’, advirtió. Y agregó que ‘Senace debería determinar que, así como está planteado el proyecto, los impactos son tan grandes que este es inviable’.
Los cuestionamientos de Quijandría coinciden con el análisis que el experto en Amazonía y consultor en temas de energía y medio ambiente, José Serra Vega, realizara en el año 2016 al Estudio de Impacto Ambiental entregado por la empresa Isolux. Esta evaluación señala que por lo menos el 80 % del trayecto de esta línea atravesaría bosques en buen estado de conservación, además facilitaría la invasión del área por colonos y la destrucción de selva primaria.
‘La línea será el origen de un gran desastre ambiental para San Martín y Loreto, al abrir una vía en la selva por la que ingresarían taladores ilegales, buscadores de tierras, mineros informales y cazadores comerciales’, indica Serra en una de las conclusiones del informe.
El mismo estudio, además, calcula que más de un millón de toneladas de árboles serían destruidas con la construcción de la línea de transmisión, sin contar la deforestación que causaría el avance de la colonización. ‘La ruta escogida por Isolux no es la óptima desde el punto de vista ambiental. Hubiese sido mejor escoger una ruta a lo largo de zonas ya afectadas por las actividades humanas’, se precisa en el análisis.
Otra de las conclusiones se centra en ‘el costo para la sociedad peruana del bosque que se podría perder a causa de la LT (línea de transmisión) sería del orden de $66 millones. En este cálculo no hemos tenido en cuenta su valor como almacenamiento de carbono en esta época de calentamiento global’.
El Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, ha realizado observaciones al trazado propuesto en el proyecto ‘dado que ello ocasionaría una seria afectación a la dinámica hidrológica del complejo de humedales Abanico del Río Pastaza, la fragmentación de los ecosistemas, la interrupción de los procesos ecológicos esenciales como los movimientos de poblaciones y procesos reproductivos sobre todo de los peces migratorios’, se precisa en un informe elaborado por la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies del Ministerio del Ambiente, en setiembre de 2017.
En el documento también se explica que este sitio Ramsar posee una alta biodiversidad y ofrece sustento para las poblaciones indígenas locales, situación que sería alterada con la construcción del proyecto que propone una ruta que cruza el Abanico del Pastaza, ruta que según la empresa se sostiene en un trazo planteado en un Estudio de Viabilidad Técnica promovido por Proinversión, se indica en el informe del Minam.
El organismo estatal señala en el documento que no conoce dicho estudio puesto que no ha sido presentado por el consorcio y que, por lo tanto, la empresa no ha conseguido levantar las observaciones hechas a su estudio de impacto ambiental.
La polémica defensa de Loreto
Max Chávez, asesor en temas energéticos del Gobierno Regional de Loreto, considera que el proyecto se encuentra entrampado en el Ministerio del Ambiente. ‘Para nosotros el Minam se ha convertido en una traba para el desarrollo del país. Como todos saben, Loreto es el único sistema aislado en lo que significa el sector eléctrico. Esta línea de transmisión significa el cambio de matriz energética pues dejaremos de quemar petróleo residual y de contaminar el ambiente. Lamentablemente, el Ministerio del Ambiente está poniendo objeciones al proyecto porque pasa por un sitio Ramsar’.
En conversación con Mongabay Latam, dijo que en Perú hace falta decisión política y puso como ejemplo a Nicaragua, donde el proyecto del Gran Canal Interoceánico atraviesa un sitio Ramsar. ‘En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se ha zurrado en Ramsar y lo ha hecho porque considera que el progreso del país depende mucho de ese canal’, señaló sin mencionar que la obra a la que se refiere tiene una fuerte oposición en el país centroamericano.
‘El presidente (Pedro Pablo Kuczynski) dice que sí y su ministra (del Ambiente, Elsa Galarza) dice que no. En qué país pasa eso -se preguntó- algo esta andando mal -agregó Chávez. Para nosotros, que la línea de transmisión pase por un sitio Ramsar no significa que va a ocasionar severos daños ambientales, hasta a los peces, me parece un absurdo, una exageración del Ministerio del Ambiente. Acabo de regresar de Brasil y he visto miles de kilómetros de líneas de transmisión, no es otra realidad, es similar, es Amazonía’, aseguró.
El asesor del gobierno regional de Loreto sostuvo que la instalación de las torres de la línea de transmisión se hace con helicópteros, y añadió que no esto afectaría a los bosques porque los cables pasan a 100 metros de altura, a 30 o 40 metros por encima de la copa de los árboles.
‘La oposición del Minam es de doble cara -sostuvo-, por un lado la ministra dice que es una opinión de una de sus direcciones y que no es vinculante y, por otro lado, en base a esa opinión el Minam nuevamente señala que la línea de transmisión no debe pasar por el sitio Ramsar. No hay forma de llegar con una línea de transmisión desde Moyobamba hasta Iquitos si no se pasa por esa zona. Habría que dar vuelta por el Ecuador o traerlo del Brasil’, cuestionó.
Vale mencionar que de acuerdo a la legislación actual, corresponde al Senace revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallado, que es lo que corresponde entregar ahora al consorcio al que se adjudicó el proyecto.
Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio del Ambiente para solicitar su opinión sobre las declaraciones de Chávez, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta.
El que sí se pronunció fue el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez, quien señaló que con el proyecto de la línea de transmisión se vulnerarían los derechos indígenas porque la infraestructura eléctrica atravesaría sus territorios y no generaría beneficio alguno a las comunidades.
La quiebra de Isolux
En julio de este año, la empresa española Isolux Corsán empresa española que integra el consorcio a través de dos de sus filiales se declaró en quiebra luego de que no lograra conseguir a un inversor que pudiera rescatarla de una deuda que superaría los 1900 millones de dólares, según informaron diversos medios. La fractura económica también incluyó a sus filiales en diversos países. Como se recuerda, el consorcio a cargo del proyecto de la línea de transmisión está formado precisamente por la española Isolux y su filial de México.
Aunque en los últimos días, el medio online El Español ha informado que directivos de la misma empresa están ultimando detalles para la compra de la constructora española, en los reportajes periodísticos no se especifica qué pasará con las obras que tiene la compañía en el exterior. No obstante, en la última nota publicada por el medio se señala que el ‘administrador concursal continúa con el proceso de venta de sus unidades en el exterior’.
Mongabay Latam trató de comunicarse con las oficinas de Isolux de España y llamó al teléfono de la oficina en Perú, pero no obtuvo respuesta.
Al respecto, Max Chávez dijo que esta empresa concesionaria del proyecto energético ya tiene ofertas de compra. ‘Que no hay recursos financieros es irrelevante, es lo que menos debe preocupar. Como dijo la ministra (de Energía y Minas) Cayetana Aljovín, ese no es un problema, ni del gobierno nacional, ni del regional, es problema del concesionario’, indicó Chávez en al diálogo que sostuvo el Gobernador Regional de Loreto, Fernando Meléndez, con la Ministra de Energía y Minas.
Agregó que si la empresa no puede ejecutar la obra se hará efectiva la fianza.
El proyecto está valorizado en 499 millones de dólares, pero según el análisis económico de José Serra esta obra ‘causará en un período de 30 años un perjuicio económico a los consumidores peruanos de electricidad de entre 876 a 1298 millones de dólares’. Según el contrato de concesión, los consumidores de electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) deberán pagar anualmente 75 millones de dólares al consorcio, por los conceptos de amortización de la infraestructura y la operación y mantenimiento de la línea, durante los 30 años que dura la concesión. Esto significaría el aumento de las tarifas eléctricas para los consumidores en todo el país, se indica en el documento de Serra.
Para Serra la salida menos onerosa que solucionaría el problema del suministro de electricidad a Iquitos es la nueva central de 70 MW de Genrent, la misma que, a medida que la demanda aumente, podría sumar grupos térmicos modernos y no contaminantes para atender las necesidades de la población. Por ello, el especialista en Amazonía se reafirma en que el proyecto de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos no es económicamente viable.
Sin consulta previa
La Defensoría del Pueblo también se ha manifestado. En un oficio enviado por el Programa de Pueblos Indígenas al Ministerio de Energía y Minas se recomienda que se considere un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas que se ubican en el ámbito de dicho proyecto.
En el documento de la Defensoría del Pueblo se precisa, además, que el Minem considera que el proyecto de construcción de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos no requiere ser sometido a consulta previa por tratarse de un servicio público que beneficia a los pueblos indígenas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclaró que ‘los territorios indígenas solamente serán espacios de tránsito de la línea de transmisión’, ya que no se ha considerado la distribución de energía eléctrica a estos pueblos mediante este sistema, el mismo que beneficiará directamente a la ciudad de Iquitos.
Otra consideración es la afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, puesto que los trabajos de instalación de las torres de alta tensión, la construcción de las subestaciones, así como el transporte de personal de la obra y de materiales constituirían hechos que limitarían el libre ejercicio de sus actividades dentro de su territorio.
Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), le dijo a Mongabay Latam que su institución ha presentado una acción de amparo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa. ‘Así como está planteado ese proyecto se va a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas y se va a vulnerar estándares ambientales y sociales que se exige en todas partes del mundo para ese tipo de proyectos. El dirigente indígena no descarta que el proyecto eléctrico esté orientado a dinamizar otros sectores de la inversión privada.
Por ahora, al margen de los cuestionamientos al proyecto de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, Senace ha decidido que los inversores presenten nuevamente su estudio de impacto ambiental, y será sobre este nuevo documento que se tendrá que definir si esta obra se concreta.
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