La procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht solicitó que las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) sean incorporadas como terceros civiles responsables por los presuntos daños causados al Estado peruano.
Ello por el otorgamiento de la buena pro y la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
Con este pedido de la procuraduría ad hoc, Odebrecht y el resto de empresas que integraron los dos consorcios que ejecutaron este proyecto vial asumirían el pago de la reparación civil al Estado de manera solidaria.
En este caso, se ha solicitado la suma de S/ 200 millones por reparación civil de manera preliminar.
Este monto podrá variar según los daños civiles que la procuraduría identifique en el transcurso del proceso.
La solicitud formulada por el equipo presidido por el procurador Jorge Miguel Ramírez Ramírez ha sido presentada ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
La procuraduría detalló que dicho pedido se sustenta en el beneficio económico que obtuvieron estas empresas a raíz de los presuntos sobornos que recibió el expresidente Alejandro Toledo Manrique para el favorecimiento a los consorcios en el otorgamiento de la buena pro del proyecto.
Este acto ilícito se habría producido con la participación de Josef Maiman Rapaport, Abraham Dan On y de los representantes de las mencionadas empresas.