Carlos Bruce, vocero congresal del Gobierno y autor del proyecto, explicó que de ahora en adelante las empresas inmobiliarias estarán obligadas a colocar avisos totalmente visibles para que los usuarios puedan acceder a las centrales de información.
Ello les permitirá a los usuarios constatar si dichas compañías tienen sanciones por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por deficiencias en construcciones, estafas o demoras en entregas de viviendas o departamentos.
“Toda persona tendrá el derecho de conocer si las inmobiliarias o el proveedor de vivienda se comportan de manera seria y transparente para que el comprador no sea sorprendido o estafado”, agregó el congresista de Peruanos por el Kambio.
Según estimación del propio Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción en todo el país hay unas 8,000 inmobiliarias y constructoras informales en el sector, que están al acecho para vender predios sin garantías.