Esta ley tiene como objetivo impedir que los palestinos dejen de alimentarse en la cárcel como medio de presión sobre las autoridades israelíes. El gobierno ya le había dado el visto bueno en junio de 2014, coincidiendo con un movimiento de huelga de hambre que provocó la hospitalización de decenas de presos.
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La normativa, aprobada por 46 votos contra 40 sobre un total de 120 diputados, no menciona explícitamente a los palestinos. El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, afirmó que “las huelgas de hambre de los terroristas en prisión se han convertido en un medio de amenazar a Israel”.
La ley “crea un equilibrio correcto entre el interés del Estado en preservar la vida de un prisionero y los derechos (del preso), así como su integridad corporal”, según David Amsalem, un diputado del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.
“Se aplicará sólo si un médico estima que la continuación de la huelga de hambre genera un riesgo inmediato para la vida del prisionero o daños permanentes para su salud”, añadió Amsalem.
La lista árabe unida, que reagrupa a los principales partidos árabes en el parlamento, denunció “una ley para torturar a los prisioneros políticos”, que niega su derecho “legítimo” a resistir. Refleja la “visión retorcida” del gobierno de Netanyahu sobre “los valores democráticos fundamentales”.
La asociación de médicos se había pronunciado en contra de la adopción del texto, y advertido que ordenaría que se “actúe únicamente en función de las reglas éticas, y que no se alimente a los huelguistas de hambre en contra de su voluntad”.
Pero el ejercicio de la medicina en Israel requiere una autorización del ministerio de Sanidad, por lo que la opinión de la asociación es meramente consultiva.