“La República Argentina presentó hoy, 7 de agosto de 2014, un documento contra Estados Unidos”, anunció en un comunicado la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
La disputa implica “decisiones judiciales de Estados Unidos relacionadas con la reestructuración de su deuda soberana”, apuntó la CIJ.
No obstante, “no se tomará ninguna acción en el procedimiento, solo si Estados Unidos aprueba la jurisdicción de la Corte en este caso”, dijo la CIJ. Estados Unidos se retiró de la jurisdicción de la Corte en 1986 y debe aceptarla para que el tribunal proceda.
Argentina sostiene que si Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte, “entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y del derecho internacional general”.
En Buenos Aires el comunicado de la Presidencia argentina afirmó que Estados Unidos ha permitido violaciones de inmunidades que protegen al país al admitir decisiones judiciales en los tribunales estadounidenses “que vulneran la determinación soberana” de la nación sudamericana “de reestructurar su deuda externa”.
“De tal manera, dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y Estados Unidos, que nuestro país somete a la CIJ para su resolución”, afirmó la nota oficial de Buenos Aires.
El juez federal de Nueva York Thomas Griesa falló a favor de fondos especulativos que Argentina llama ‘buitres’ porque compraron la deuda en default, para que cobren 1.330 millones dólares en bonos de la deuda, y ordenó que el pago se haga en simultáneo al vencimiento de deuda reestructurada.
El fallo del juez Griesa quedó firme en junio cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no tomar este caso para revisión.
Argentina se niega a acatar el fallo aduciendo que ello disparará millonarios juicios en su contra y por ende los acreedores no han podido cobrar el pago que venció el pasado 30 de julio y fue declarada en “default selectivo” por dos agencias calificadoras de riesgo.
El gobierno argentino había advertido que presentaría ante la Corte de La Haya esta demanda como parte de la estrategia judicial luego de que el juez Griesa se negara a reponer la medida cautelar (stay) que le hubiese permitido continuar pagando sus obligaciones mientras negociaba el pago a los fondos especulativos.
Argentina busca aplazar todo tipo de negociación con los fondos litigantes hasta enero 2015 cuando expira la cláusula RUFO, que impide mejorar antes de esa fecha la oferta hecha a los acreedores que cambiaron sus bonos aceptando quitas de hasta el 70% del valor nominal de los títulos en default en 2001, so pena de tener que igualar los pagos a los demás tenedores de bonos.
El miércoles el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, reclamó que el gobierno de Estados Unidos interviniera en esta batalla judicial poniendo límites al juez Griesa.