El caso llamado “narcoindultos” podría derivar en una denuncia constitucional y judicial.
Según el informe presentado al Congreso, el gobierno de García otorgó en forma irregular indultos y conmutaciones de penas a 5.500 personas, entre ellas 400 condenados por tráfico de drogas.
Por este caso se encuentra en la cárcel Miguel Facundo Chinguel, quien fuera presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, que elaboraba los informes de indultos y conmutaciones para que el ministro de Justicia y el presidente de la República los firmaran.
“Ese acuerdo (en el pleno del Congreso) ordenado por el presidente Ollanta Humala y el expresidente Alejandro Toledo, no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica”, dijo García a la prensa, tras conocerse la noticia.
Indicó que el objetivo de la investigación en su contra es “sacarlo de la carrera política” para las próximas elecciones a la presidencia en 2016.