Se trata de una “política orientada no solo a combatir los efectos de la violencia sino también sus causas estructurales”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, al anunciar una comisión intersecretarial de prevención de la violencia, que se encargará de aplicar una serie de programas sociales para evitar anticipadamente la delincuencia.
La estrategia militarizada de seguridad impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y las pugnas entre las organizaciones criminales dejaron en ese periodo un saldo en el país de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos.
Ante representantes de organizaciones de la sociedad civil, Peña Nieto reconoció que la ciudadanía “a veces ha cubierto el vacio que el estado mexicano ha generado (…)para evitar justamente la violencia y delincuencia”.
La comisión, de la que participarán nueve secretarías de Estado, contará con un presupuesto de 118.000 millones de pesos (unos 9.147 millones de dólares al cambio) en 2013 para programas de salud, educación, infraestructura, entre otros.
La estrategia incluye programas para evitar que los jóvenes abandonen la escuela, para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, subsidios para madres solteras y acciones de prevención de la violencia doméstica, así como la ampliación de horarios para escolares de unas 40.000 escuelas, entre otros puntos.
El plan estará dirigido a 251 de los más de 2.000 municipios existentes en el país y donde se registran mayores índices de violencia.
Peña Nieto, lanzó en enero una cruzada contra el hambre, dirigida a cerca de 7,4 millones de personas que sufren por la falta de alimentos.
“El estado reafirma su responsabilidad de perseguir a los delincuentes y de castigarlos”, pero el castigo “no resuelve por sí solo” los problemas de violencia, justificó de su lado Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación (interior).
El gobierno reconoció que tomará tiempo reducir los niveles de violencia, aunque reafirmó la permanencia del ejército en las calles.
Unos 800 hombres, cansados de los secuestros, extorsiones y asesinatos, se armaron el 6 de enero pasado con escopetas y machetes en las montañas de Guerrero (Sur) para defender a sus comunidades, en un movimiento extendido a varios municipios y al vecino estado de Oaxaca (sur).