Por Óscar García
El pasado 28 de julio, luego del mensaje presidencial, el portal web del Estado peruano sufrió un ataque distribuido de denegación de servicio (ataque DDoS), una extendida forma de ataque cibernético que consiste en dejar inoperativa una web vía el esfuerzo coordinado de miles de PC que se ponen de acuerdo para ingresar a un mismo sitio al mismo tiempo, para provocar su sobrecarga y colapso.
‘La página no colapsó porque la desactivamos a tiempo para que no alteren la web o coloquen un mensaje, que era el objetivo’, dice Ronal Barrientos, jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (Ongei), entidad que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La estrategia de hackear una web para colocar un mensaje se le llama defacement y es una modalidad cada vez más en boga entre los ciberataques. Según estimado del titular de la Ongei, al año se producen unos 2 000 ciberataques a páginas web peruanas, tanto del Estado como de entidades privadas.
Para Barrientos, el problema es que el Estado no se ha dotado de un sistema nacional de seguridad de la información. De otro lado, hay una ausencia notable en legislación sobre el tema. ‘En el Perú no tenemos leyes que penalicen los ataques DDoS u otras formas de ciberataque. Algunos creen que no son muy dañinos, pero si atacan webs de servicios de salud, como ocurrió una vez, estamos hablando de algo grave. Requerimos sanciones ejemplares’, sostuvo.