19 de agosto de 2017

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Perú: minería ilegal devasta bosques en Amazonas

¿Cómo operan los mineros ilegales en Amazonas?

Perú: minería ilegal devasta bosques en Amazonas Se encontraron más de 10 dragas operando en la quebrada Pastacillo, Foto: Vanessa Romo.

Fuente: Mongabay Latam / Autor: Vanessa Romo

“Si le pasa algo a alguno de nosotros, La Poza arderá”. Clobiz Pérez, líder indígena del pueblo wampís, escuchó esto en julio del 2016. Unas semanas antes había liderado el desalojo de un grupo de mineros ilegales que operaba con más de diez dragas en la quebrada Pastacillo, afluente del río Santiago y del río Marañón, en Amazonas. Pérez confirmó que hay mineros apostados en las orillas de la quebrada desde hace cinco años y que la última vez que llegó un contingente policial a destruir la maquinaria ilegal, fue en setiembre del año pasado.

Mongabay Latam visitó hace tres semanas la quebrada Pastacillo, nueve meses después de la última incursión policial, y comprobó que la minería ilegal sigue operando con absoluta impunidad y arrasando con los bosques del área. Funcionarios del municipio de Río Santiago y un representante indígena wampís nos acompañaron a la zona y pudimos registrar diez dragas operando en el cauce de la quebrada, 24 horas del día, con dos turnos de trabajo de 12 horas. Allí, los barriles vacíos de mercurio son el marco de un bosque deforestado que se extiende a lo largo de 20 hectáreas. Es un escenario que representa una de las más grandes contaminaciones que se ha vivido en esta parte de la región Amazonas.

Parte del oro que se extrae de estas localidades es trasladado luego a Chiclayo para ser vendido a intermediarios. La ruta es conocida. Si se viaja a bordo de un bote deslizador de mediana velocidad desde la quebrada Pastacillo hacia las zonas de La Poza y Galilea, se llega en cinco minutos. En el mismo deslizador uno puede llegar desde La Poza hasta Santa María de Nieva en 4 horas. Desde ese punto hasta Bagua son seis horas más en carro y luego otras siete en bus hasta Chiclayo. Diecisiete horas en total. Esa es la ruta que sigue el oro que es extraído de ocho puntos identificados en el río Santiago donde se desarrolla la minería artesanal pero también la ilegal, como sucede en Pastacillo. En este recorrido no se supervisa el transporte de mercurio o de oro, tampoco hay control alguno en Santa María de Nieva, donde hay una pequeña comisaría, y las dos bases del Ejército que existen en el camino hacia Bagua no tienen un papel activo en las labores de fiscalización.

El ‘boom’ del oro

Aunque el problema creció hace cinco años como consecuencia del ‘boom’ de los precios del oro, la extracción de este metal no es nueva en la zona. El último Alto Comisionado en asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Coronel en retiro César Sierra, señaló que la minería en el río Santiago data de los años sesenta y setenta. “Durante años escuchabas que la gente compraba oro allá y lo llevaba a Chiclayo. Era más difícil, no había tantas rutas de acceso como hay ahora, pero Santa María de Nieva siempre fue el centro de acopio”, comentó.

“Los picos en el precio del oro en el 2009 y 2010 provocaron que haya mayor demanda y en lugares como Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa y Amazonas la gente migró de las actividades primarias como la agricultura y la pesca a la minería”, agregó Sierra. Hasta ese entonces, la actividad extractiva se realizaba de forma artesanal, con tubos y bateas donde cernían el material recogido hasta obtener el oro. Sin embargo, ante la presión de conseguir más metal, empezaron a aparecer los motores con el que succionan mayor cantidad de material y el mercurio, que agiliza el proceso de selección del oro.

Las consecuencias para el medio ambiente y la salud luego de la exposición sostenida al mercurio son conocidas, sobre todo tras el caso Madre de Dios. En el 2013, el ecólogo Luis Fernández realizó un estudio con el Instituto Carnegie para la Ciencia sobre los niveles de mercurio en la población de esta región. El científico identificó entonces que al consumir pescados contaminados se absorbe el 98 % del mercurio que existe en ellos y que un 60 % de las especies de peces que se vendían en el mercado de Puerto Maldonado presentaban niveles altos de este metal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ubicado al mercurio como uno de los diez productos químicos que producen más problemas de salud pública, con efectos especialmente dañinos en mujeres gestantes y niños, además de provocar el deterioro del sistema nervioso e inmunológico, el aparato digestivo y los pulmones. No es necesario que alguien esté trabajando e inhalando el mercurio para sufrir de estas consecuencias. Solo con consumir el agua contaminada del río y algunos de los peces que viven en ella ya se está expuesto. En un grupo de comunidades donde el agua potable es aún una promesa y donde el río es su principal fuente diaria, el problema se agrava.

Testigos de un desastre

Desde la entrada de la quebrada Pastacillo, que vierte sus aguas en el río Santiago, uno debe recorrer dos kilómetros hasta la zona del desastre ambiental. El deslizador debe entrar despacio por la quebrada, que tiene como máximo 20 metros de ancho. Es 8 de junio y en el bote hay una comitiva de autoridades locales que van a verificar lo que sigue pasando en Pastacillo. Está conformada por el gobernador de Río Santiago, César Mashingash; el jefe de la ronda comunal de La Poza, Segundo Pezo; el líder wampís Clobiz Pérez y el gerente de Medio Ambiente del municipio de Río Santiago, Dennis Cenepo.

En realidad, el principal motivo del viaje es enseñarle al ingeniero Cenepo lo que está haciendo la minería ilegal en la quebrada. Cenepo, joven awajún que se graduó como ingeniero ambiental en Iquitos, ocupa la jefatura de Medio Ambiente desde la última semana de mayo, doce días antes de esta visita. “Apareció este ingeniero ambiental y lo contraté de inmediato”, dijo por teléfono el alcalde de Río Santiago, Mateo Impi, quien no se encuentra en el municipio desde hace algunas semanas por licencia.

La urgencia por encontrar un especialista en el área tardó dos años en ser resuelta. Mateo Impi, alcalde desde enero del 2015, puso como gerente de Medio Ambiente a diferentes personas no aptas para esta función, y la contratación más polémica fue la del predecesor de Cenepo, Julio López, quien no contaba con ninguna profesión ni credencial para ejercer el cargo. Por eso cuando un ingeniero ambiental apareció en Río Santiago, al alcalde Impi no le quedó más salida que contratarlo.

“Cuando he llegado al cargo no he encontrado ningún plan de monitoreo, ningún plan de acción para atacar el tema de la minería ilegal, nada”, contó Cenepo camino a la zona de minería ilegal. “Estoy comenzando desde cero y necesito ir a ver cuál es la magnitud del desastre”, añadió. Luego de una ruta sinuosa, la quebrada se abre abruptamente y se confunde el cauce del río con otros pequeños afluentes que salen de una tierra removida, deforestada. Ya no son 20 metros de ancho sino un kilómetro.

Frente al escenario de árboles talados, tierra removida y lagunas de agua con mercurio, Dennis Cenepo se queda inmóvil, boquiabierto. Baja del bote y empieza a recorrer este espacio tan disímil de la naturaleza que existe a su alrededor. “Esto me provoca una gran preocupación. Las autoridades debemos poner un alto a esto, hay que hacer más supervisión”, dijo sin saber bien por dónde comenzar. “Hay que tomar acciones serias. La actividad minera perjudica al medio ambiente y alguien tiene que asumir su responsabilidad por este daño”, continuó.

En cuanto vieron el bote del municipio, los mineros ilegales que operaban las siete dragas corrieron a esconderse. “Aquí hay gente que ha venido desde Puerto Maldonado para trabajar en el oro”, dijo Segundo Pezo, el jefe de las rondas. “Muchos mineros que trabajaron en Madre de Dios luego subieron a Saramiriza, en Loreto, donde la minería ilegal ya ha destruido todo. De ahí es donde los dueños de las máquinas consiguen trabajadores y los traen porque ya tienen experiencia”, comentó.

Para Cenepo las consecuencias más graves están en el consumo de agua y peces por la población. “Eso no se va a sentir hoy, sino de aquí a 20 años”. Empieza entonces a enumerar las entidades que deberían visitar la zona: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Salud. “Esto no solo necesita a una persona encargada, hay que tener un equipo para contrarrestar esta situación”, dijo.

Dos pueblos divididos por la minería

La minería ilegal en Pastacillo tampoco es nueva para el gobierno central. En dos ocasiones, tanto en el 2013 como en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en coordinación con el Alto Comisionado en asuntos de minería ilegal que pertenecía a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), entró a la zona y destruyó algunas maquinarias, aunque como señaló el jefe de rondas, la mayoría de motores desaparecían antes de que lleguen las autoridades. “En estos operativos siempre hay ‘soplos’, entonces los mineros escondían sus máquinas o las hundían, y a los tres días de la operación volvían a trabajar”, contó.

La población también ha tomado acciones contra la minería ilegal en varias ocasiones, y la última fue en julio del 2016. Por eso la policía tuvo que ingresar dos meses después al lugar, en octubre del año pasado, para confiscar maquinaria y velar por la seguridad de quienes fueron amenazados tras denunciar a los mineros ilegales. Pese a estas acciones, la situación continúa.

Pero el problema de la minería ilegal en el río Santiago tiene más aristas, como la cultural y la territorial. En noviembre del 2015, se creó oficialmente el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), una forma de organización ideada por este pueblo para enfrentar las amenazas externas —e internas, como la minería ilegal— a través de la reivindicación de su territorio ancestral sin desconocer su nacionalidad peruana. Pastacillo está dentro de las 1.3 millones de hectáreas que conforman el territorio Wampís, aunque una parte de Pastacillo le pertenece a Yutupis, una de las pocas comunidades awajún asentadas en la zona.

Y es aquí donde la situación se vuelve más complicada. La minería ilegal ha generado problemas territoriales entre los Wampís y los Awajún.

Clobiz Pérez, representante de la nación wampís y antiguo apu de la comunidad wampís de Chosica, ha sido testigo de la incursión de la minería en Pastacillo desde que comenzó en el 2012, cuando un grupo de pobladores de Yutupis empezó la extracción. “Luego llegó un señor, Alberto Mendoza, quien señalaba que era dueño de la concesión de este terreno. Cuando vimos que estaba haciendo minería ilegal nos organizamos y lo retiramos de la zona”, narró. Seis meses después, aparecieron nuevas máquinas en la quebrada, pero de otras personas. Mientras tanto, las interdicciones eran solo un paréntesis en las labores cotidianas de los mineros.

Pero el enfrentamiento más violento entre Wampís y Awajún ocurrió en el 2015. “La población de Yutupis no quería que sacáramos a los mineros porque ellos daban dinero a la comunidad. Cuando fuimos a enfrentarlos, nos esperaban mujeres con machetes. Tratamos de quitarles los machetes sin lastimarlas, y es ahí cuando entraron los hombres. Nosotros teníamos nuestras lanzas y empezamos a pelearnos, hubo heridos”, comentó Clobiz. En esa fecha no se logró nada.

El interés económico está detrás de este conflicto. Muchos pobladores de Yutupis trabajan en Pastacillo y ahora hay más en La Poza y Galilea, áreas con presencia tanto de indígenas como de colonos. Dependiendo de lo obtenido por los trabajadores, pueden recibir por turno entre 150 y 300 soles (entre 46 y 92 dólares), según reveló Segundo Pezo, jefe de la ronda comunal de La Poza. Ese ingreso es impensable en esas localidades, lo que ha aumentado los precios de las cosas, pero también la delincuencia y el consumo de drogas como marihuana y cocaína. “Tenemos casos de menores de edad con problemas graves de drogas y adolescentes que salen embarazadas. El problema está escalando a nivel social”, dijo Pezo. Él señala que ahora las amenazas van acompañadas de soberbia. “Tú mandas a quemar una máquina mía y yo me compro tres”, le dijeron hace poco. La impotencia también sigue creciendo.

Un problema conocido

El Ministerio Público conoce el problema en Pastacillo. El 7 de abril del 2016, un grupo de autoridades del distrito de Río Santiago envió un oficio a Jorge Luis Trigoso Rodríguez, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua. En esa carta reportaron la actividad ilegal en la quebrada Pastacillo, la ubicación de esta y la cantidad de dragas en la zona, además, solicitaron una pronta intervención en el área.

Cuando le preguntamos a Segundo Pezo sobre la respuesta a la carta que enviaron contestó: “A nosotros no nos ha llegado ninguna respuesta de nuestra denuncia desde que la enviamos hace más de un año”. El presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Wrays Pérez, añadió que en estos días presentarán una nueva denuncia ante la FEMA de Bagua para que exista una constancia de estas alertas.

Mongabay Latam se comunicó con el fiscal Trigoso, a través del Ministerio Público en Lima, para conocer las acciones realizadas por su despacho. El funcionario confirmó que existen tres casos que están investigando en la quebrada Pastacillo y que han sido reunidos en un solo expediente. “El lunes 26 de junio habrá tres audiencias de control de acusación fiscal que se efectuarán en el Juzgado Penal de Investigación Preparatorio de Río Santiago”, explicó el fiscal.

Las acciones de interdicción son ahora responsabilidad de la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas, la misma que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Actualmente, el Minem lidera la estrategia de control de la minería ilegal en coordinación con otras 13 instituciones, luego que en octubre del año pasado se disolviera la figura del Alto Comisionado en Asunto de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental.

Cuando Mongabay Latam le preguntó a Mario Ramos, director regional de Energía y Minas de Amazonas, sobre las medidas tomadas por su oficina para controlar la minería ilegal en Amazonas, el funcionario respondió que su entidad está abocada a la formalización minera. “Si es que vemos una acción ilegal la denunciamos”, comentó. En un documento enviado a nuestra redacción, señaló que hay 13 procesos de formalización vigentes en el distrito de Río Santiago. Cuando se le preguntó por las denuncias presentadas por las comunidades, sobre la minería ilegal en Pastacillo, señaló que no se ha podido identificar a personas ni empresas realizando actividades mineras ilegales. “Nuestra dirección tiene conocimiento de estas actividades desde el año pasado y recién este año realizamos inspecciones”, indicó en el documento.

Es decir, ha pasado más de un año para que la Dirección regional de Energía y Minas de Amazonas decida hacer una inspección en la quebrada Pastacillo.

Mientras tanto, en Amazonas…

En el camino de regreso a Galilea, casi saliendo de la quebrada Pastacillo y muy cerca del río Santiago, la comitiva observó otras tres dragas. Cuando se percataron de la presencia de los funcionarios, los mineros detuvieron por unos minutos sus actividades. Uno de ellos se acercó para decir que una de las máquinas estaba sacando material de construcción para llevar a Galilea. Sin embargo los funcionarios no le creyeron, saben muy bien que para ambas actividades se usa la misma maquinaria, es decir, hay un tubo que succiona el material de una laguna o cocha que se ha formado en donde antes había árboles. Esa carga que es extraída pasa por un sistema de selección en una alfombra, donde se separa una parte del material que luego será procesado. Esta selección ya contiene oro.

La comitiva le pidió a los trabajadores el nombre del propietario de las maquinarias y uno de ellos respondió que le pertenecen a Julio López, el exgerente municipal de Medio Ambiente. El actual gerente, Dennis Cenepo, evidentemente ofuscado, le pidió al resto de la comitiva organizar ese mismo día una reunión con el alcalde interino y todos los regidores.

“No es posible que los funcionarios que deberían hacer fuerza para detener este problema sean los primeros que se involucren en él”, dijo el líder wampís Wrays Pérez. El alcalde de Río Santiago, Mateo Impi, señaló que en el municipio tratan de enfrentar la minería ilegal desarrollando iniciativas sostenibles como “proyectos agrícolas y de piscigranjas que suman un millón de soles”, pero que no tienen la capacidad para hacer más, que necesitan que el gobierno regional y central los ayuden a detener el problema.

El presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), Edwin Montenegro, señaló que ellos están realizando acciones de sensibilización contra la minería ilegal en la zona de Yutupis. “Nuestra organización —que representa al pueblo awajún y wampís— ha creado un programa de vigilancia ambiental y social. Estamos esperando que el Gobierno Regional de Amazonas pueda validarlo para ponerlo en práctica”, dijo.

En la tarde del pasado 8 de junio, un grupo de regidores se reunió con el alcalde interino, Rafael Chuin, el ingeniero Cenepo y varios regidores y trabajadores de distintas áreas, para definir el plan de acción. En el auditorio del municipio donde se realizó la asamblea, se proyectaron las fotografías de la deforestación registrada esa mañana.

“Lo que hemos visto es daño ambiental y sanitario. Si una empresa formal lo hubiera hecho nos tendrían que indemnizar, pero ahora ¿quién lo hará? Necesitamos a entidades que monitoreen en qué grado de contaminación estamos”, comentó Cenepo.

El líder wampís Wrays Pérez pidió la palabra y señaló que, luego de conversar con el alcalde Impi, han acordado expulsar de forma pacífica a los mineros ilegales con o sin las instancias del Estado. “Queremos conformar comités de vigilancia ambiental para posicionarnos en Pastacillo y evitar que vuelvan los mineros”, precisó. Para Pérez, esto es solo parte de la solución, porque la quebrada seguirá contaminada. “Necesitamos la presencia de las entidades regionales y centrales para recuperar el ecosistema, pero por ahora debemos actuar de inmediato y detener esta actividad”.

La paciencia ha llegado a su límite. Idelfonso Tii, secretario general del municipio, coincide con Wrays Pérez: “ya no podemos seguir pidiéndoles que se vayan, sino hay que sacarlos de una vez, como sea”. Tii y el resto de asistentes a la reunión han denunciado la minería ilegal antes todas las autoridades competentes y hasta hoy sus reclamos no han sido atendidos.

“Si el medio ambiente fuera banco o petróleo y estuviera en crisis, todos invertirían en recuperarlo. Pero como no lo es, a nadie le interesa” dijo Pérez y cerró su intervención en la reunión diciendo: “Hay que actuar de manera drástica”.

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